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Hace un par de semanas nuestro COngreso Nacional aprobó en primer trámite constitucional un proyecto que introduce varias modificaciones orgánicas y procedimentales a la ley que creó los Tribunales de Familia, en marcha desde 2005. El texto legal busca descomprimir los graves problemas de atochamiento de los juzgados de garantía a través de un aumento en el número de jueces, la creación de unidades que velen por el cumplimiento de las resoluciones judiciales y el reforzamiento de labores administrativas, lo que supondrá llenar 330 nuevos cargos.
Junto con lo anterior, el proyecto contempla, entre otras medidas, la derivación obligatoria a la mediación (sistema de resolución de conflictos en que un tercero imparcial, sin poder de decisión, ayuda a las partes a llegar a un acuerdo en materias como tuición y régimen de visita) lo que permitirá agilizar ampliamente los procesos. Finalmente, da mayor celeridad al sistema mediante el desarrollo de audiencias continuas y el incremento de filtros de las causas a través de un control de admisibilidad. Todo, con una inyección de $ 23.800 millones.
La actual crisis que viven los Tribunales de Familia en todo Chile (que ya mostraron graves falencias a sólo tres meses de su puesta en marcha) se ha agudizado con el gran número de demandas de divorcio que han ingresado a esos juzgados en el último tiempo (en los primeros ocho meses se recibieron 20 mil peticiones de divorcio). Ello ha dado pie a una demora excesiva en la tramitación de los procesos, algunos de los cuales pueden tardar hasta dos años en contar con fallo en primera instancia.
El origen del "colapso" de la Justicia Familiar radica, principalmente, en una errónea proyección de la demanda de casos: hoy ingresan a tramitación 420 mil causas por año, mientras que lo estimado inicialmente fueron 190 mil. Las críticas por este tema arreciaron en las últimas semanas tras conocerse el caso del juez presidente del Primer Tribunal de Familia de Santiago, Guillermo Cádiz, quien tramitó su divorcio en un plazo récord de ocho días, un juez de Concepción también, lo hizo en 54 días. Ello, por supuesto, agudizó los cuestionamientos a un sistema que no ha cumplido con las expectativas puestas en su reforma.
El Estado chileno invirtió alrededor de $ 55 mil millones para implementar la nueva Justicia de Familia. No obstante, los recursos resultaron ser insuficientes para afrontar el masivo ingreso de causas. Esta realidad provocó gran frustración entre los usuarios del sistema, sobre todo, porque éste se publicitó bajo la premisa de que la mayoría de los casos se tramitaría en un tiempo promedio de tres meses, algo que hoy se aleja bastante de la realidad.
Por todo lo anterior, la aprobación de esta iniciativa legal, que apunta, justamente, a descomprimir los "cuellos de botella" del sistema es bienvenida, pertinente y oportuna. Da cuenta de la preocupación oficial por solucionar los errores de cálculo e implementación que han empañado una iniciativa de gran relevancia, diseñada para lidiar con problemas tan complejos y variados como pueden ser las dinámicas de conflicto, crisis y quiebres que se desarrollan en torno a la vida familiar.
El proyecto fue elaborado por el Ministerio de Justicia en un trabajo conjunto con el
Poder Judicial, con lo que se pretendió detectar con mayor precisión las áreas en donde deberían concentrarse los cambios introducidos por la iniciativa legal.
La actual no es la manera como se pensó que funcionarían los Tribunales de Familia: un sistema especializado, cercano y ágil, ejemplo de la modernización del Estado, capaz de responder eficientemente a los cambios sociales del Chile del siglo XXI. Lo deseable es que dentro de poco el proyecto en cuestión se convierta en ley, para que pueda evaluarse hasta qué punto fueron acertados los cambios introducidos al sistema.